Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo
“Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo”: 18 países de América buscan soluciones al crimen y la violencia
Dieciocho países de América Latina y el Caribe (ALC) han lanzado la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo. Se trata de un acuerdo sin precedentes, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que une a gobiernos, organizaciones multilaterales y sociedad civil para hacer frente al crimen organizado.
La Alianza fue anunciada en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia celebrada en Bridgetown, Barbados, los días 11 y 12 de diciembre, donde los asistentes suscribieron la declaración de Barbados. Operará sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados y flujos financieros ilegales.
Los países que se han unido a la Alianza son Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.
“El crimen organizado opera a través de fronteras y exige una acción regional audaz y coordinada. Una mejor colaboración es fundamental para proteger a las comunidades, fortalecer las instituciones y capacidades, y desincentivar las actividades ilícitas en toda la región. La Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo permitirá concretar asociaciones estratégicas y movilizar recursos esenciales para amplificar el impacto de los esfuerzos de nuestros países en abordar el crimen organizad”, ha dicho el presidente del BID, Ilan Goldfajn.
Estructura
La Alianza estará dirigida por un comité directivo y tres grupos de trabajo técnicos en los que participarán más de 20 países. Estos grupos ya están avanzando en iniciativas específicas como la reducción de la violencia y el tráfico en comunidades en riesgo, la mejora de los sistemas de seguridad a través de la tecnología y la colaboración, y la reducción de los mercados ilícitos con herramientas y coordinación avanzadas.
Cuenta también con la participación de al menos once organizaciones, incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Banco Mundial, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el Banco de Desarrollo del Caribe, Caricom IMPACS, la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Regional Security System (RSS), el Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD), y el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA). En su evolución, podría recibir a nuevos socios.
Ecuador ejerce la primera presidencia pro tempore de la Alianza. El BID actuará como Secretaría Técnica, proporcionando apoyo estratégico y contribuyendo a la movilización de recursos y la ampliación de intervenciones efectivas.
Para apoyar la implementación regional, la Alianza trabajará a través de mecanismos adaptados. En el Caribe, operará a través de One Safe Caribbean, un brazo vital del Programa del BID ONE Caribbean 2024-2028, asegurando procesos simplificados y alineación con iniciativas más amplias.
Los costos del crimen en ALC
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado el pasado mes de noviembre, muestra que el desarrollo social y económico de América Latina y el Caribe sigue estando gravemente afectado por el crimen y la violencia. En 2022, los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, sin cambios significativos respecto a un estudio anterior del BID publicado en 2017.
“Nuestro estudio muestra que el crimen es una carga significativa para nuestras sociedades y el desarrollo económico. Limita el crecimiento, genera desigualdad y desvía la inversión privada y pública. Debemos unirnos y redoblar esfuerzos para cambiar esa realidad”, dijo entonces Ilan Goldfajn.
El estudio, Los costos del crimen y la violencia: Ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe, calcula el costo directo del crimen en tres áreas: pérdida de capital humano (costos del tiempo productivo perdido como resultado de crímenes no letales, homicidios y encarcelamientos), gastos privados en mitigación del crimen por parte de las empresas y gasto público en prevención del crimen y justicia penal. En 2022, los gastos en seguridad por parte de las empresas privadas representaron el 47% del costo total del crimen, mientras que el gasto estatal en prevención del crimen representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%.
El informe incluye tres estudios de caso que muestran el impacto del crimen en el turismo, la migración y la productividad empresarial en la región. También presenta los resultados del año 2020 para analizar la dinámica durante la pandemia de COVID-19, señalando un ligero aumento del 0.09% en comparación con 2019 y 2021. Esto indica que, pese al enfoque en la emergencia sanitaria, el crimen continuó demandando recursos económicos.
