El Impacto de la «Intervención» Gubernamental en Universidades Nicaragüenses
En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha llevado a cabo acciones que han causado inquietud y temor entre los estudiantes universitarios.
El Gobierno de Nicaragua ha cancelado ya varias universidades públicas y privadas entre ellas, la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN), la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), Asociación Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Jr (UENIC) y la Asociación Universidad de Occidente (UDO)
Según el comunicado publicado en ‘La Gaceta’, diario oficial del Gobierno, entre otras razones, el Ejecutivo liderado por Daniel Ortega ha defendido que las asociaciones «no cuentan con la metodología curricular» ni la «infraestructura necesaria» o que la universidad ha «falseado información», entre otras.
El Gobierno, utilizando la misma medida, ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades más el pasado 14 de marzo: la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), también registradas como asociaciones.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades, que se suma a los cierres de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
El caso de Elthon Rivera, un estudiante de 27 años, ilustra la difícil situación que muchos enfrentan. Después de haber sido expulsado previamente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) por participar en protestas contra el gobierno, Rivera ahora enfrenta la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Paulo Freire, donde estaba a punto de graduarse en Ciencias Políticas.
Esta cancelación, realizada por el parlamento del país a solicitud del gobierno, forma parte de lo que se percibe como un ataque sistemático contra las voces críticas.
La decisión de la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el partido sandinista en el poder, llevó a la cancelación de la personería jurídica de cinco universidades: Universidad Politécnica (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucaste), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Paulo Freire y Universidad Popular (Uponic).
La justificación presentada por el Ministerio de Gobernación fue que estas instituciones no habían reportado adecuadamente sus estados financieros ni sus juntas directivas, alegando violaciones a leyes contra lavado de dinero y terrorismo, leyes que también se han utilizado en casos de represión de opositores.
El caso de Elthon Rivera refleja el impacto devastador de estas medidas gubernamentales en la educación superior. Él compartió su desolación al ser privado nuevamente de la oportunidad de graduarse y convertirse en profesional. Su experiencia resuena con la frustración de muchos otros estudiantes que se encuentran en situaciones similares.
Esta serie de eventos ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, y ha llevado a una creciente alarma sobre el futuro de la educación y la libertad académica en Nicaragua.
